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domingo, 25 de febrero de 2018
Gobierno pagó deudas con FF.AA. por $ 200 millones
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Gobierno pagó deudas con FF.AA. por $ 200 millones
El gobierno de Lenín Moreno transfirió unos $ 200 millones a las Fuerzas Armadas como pago de las obligaciones pendientes con la institución.
El mandatario participó ayer en el desfile conmemorativo por los 189 años de la Batalla de Tarqui que realizó el Ejército Nacional en Quito, y en un breve discurso en el que resaltó las tareas militares para contrarrestar la presencia de actos violentos en la frontera norte les aseguró que “no están solos en esta lucha”, pues su gobierno está “comprometido a proporcionarles las mejores condiciones para que cumplan sus labores”.
Y seguidamente detalló que en enero pasado se les pagó “$ 20 millones para atender 354 solicitudes de compensación y jubilación, esto supone casi el 50% de obligaciones pendientes”. Además, se cancelaron “deudas atrasadas” de entre septiembre del 2017 y febrero del 2018 por $ 182 millones”, aunque no precisó a qué correspondía este rubro.
Pese a un fuerte aguacero, el desfile castrense aglutinó a miles de personas que acudieron al denominado parque Bicentenario (antes aeropuerto Mariscal Sucre) y participaron los principales escuadrones de la Fuerza Terrestre.
Ahí el jefe de Estado se comprometió a que sus decisiones serán dialogadas con las fuerzas. “Lo que hagamos por ustedes lo haremos con ustedes”.
Les ofreció la recuperación de la capacidad armamentista como aviones, vehículos y lanchas. “Todo sea para su seguridad, para la tranquilidad de sus familias”, agregó Moreno, y exhortó a la ciudadanía a seguir ‘confiando’ en la entidad. (I)
Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/02/25/nota/6638161/gobierno-pago-deudas-ffaa-200-millones
Dudas por autoridades que evaluará Consejo de Participación Ciudadana de transición
Una las primeras tareas que asumirá el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de transición será el de definir cuáles serán las autoridades que deberán evaluarse.
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Dudas por autoridades que evaluará Consejo de Participación Ciudadana de transición
Una las primeras tareas que asumirá el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de transición será el de definir cuáles serán las autoridades que deberán evaluarse.
El anexo de la pregunta 3 del referéndum aprobado el 4 de febrero pasado señala en uno de sus incisos que este Consejo “evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación cesado” en el plazo de seis meses desde su instalación.
La inquietud surge respecto a si este órgano debe observar a las ocho autoridades electas en la gestión de la presidenta Raquel González o a las quince electas en los nueve años de existencia del CPC, en las presidencias de Marcela Miranda, Fernando Cedeño y González.
En el caso de las designadas por González están los superintendentes de Bancos, de Compañías, de Economía Popular y Solidaria, de Ordenamiento Territorial, el fiscal general, defensor del pueblo, primera renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral y los Consejos de Igualdad.
En el otro están, además, el Consejo Nacional Electoral (CNE), defensor público, Consejo de la Judicatura, Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria, Corte Constitucional (CC), Superintendencia de Comunicación y los delegados al Banco del IESS.
El constitucionalista Ismael Quintana cree que la pregunta está encaminada a evaluar a todos los funcionarios elegidos.
“No podemos interpretar que solo debe evaluarse a los electos en la última administración (...), ese no es el espíritu de la pregunta”, afirmó.
Pero Xavier Zavala Egas y Manuela Gallegos, que encabezan dos de las siete ternas elaboradas por el presidente Lenín Moreno para elegir al Consejo de transición, señalan que debería evaluarse a los elegidos en el último periodo.
“El Consejo cesado es el de Raquel González. Pero en algún momento será motivo de debate”, dijo Zavala, y no descartó “hacer una consulta que sería a la Corte Constitucional”.
Gallegos también opinó que hay que evaluar a los nombrados por el último periodo “porque así lo dice el texto, si no deberá aclararse jurídicamente para no cometer ilegalidades”. (I)
Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/02/25/nota/6638182/dudas-autoridades-que-evaluara-cpc-transicion
Cadena de infecciones por la conjuntivitis afecta a familias
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Cadena de infecciones por la conjuntivitis afecta a familias
“No puedo quedarme sin trabajar sino quién nos da el pan, he perdido casi una semana de trabajo, debía entregar pintado este auto, he perdido siquiera unos $ 200 esta semana”, decía el viernes pasado Fabián Pulsara al reiniciar sus labores de pintado de un auto en las calles Gómez Rendón y José Mascote, donde vive con su pareja, Blanca Bustamante.
Ambos ese día llevaban cuatro días conviviendo con picazón en los ojos y secreción de lagañas, tenían conjuntivitis. Ellos pasaron recetados, evitando exposición a la luz. Esa mañana el malestar bajó y él decidió reiniciar el trabajo en ese auto que debió entregar ayer.
Así viven estas semanas familias y grupos de trabajos que en seguidilla se han contagiado, sumándose a las cifras nacionales que entre enero y febrero suman 29.627 en el país.
En el mismo sector, Patricia Escobar con su hija Leonela y su nieto Isaac se sentían con menos estragos de la enfermedad que afecta la visión y se reportan en centros de salud del Ministerio de Salud (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). En la zona 8, los centros de salud del MSP han atendido 1.374 casos.
Roberto Miranda y sus dos primos Renato y Francisco, también amanecieron en la misma zona con ojos rojos, malestar y lagrimeo de lagañas.
“En la gasolinera que trabajo llegaba mucha gente infectada, el contacto con las monedas y todo eso pudo haber sido”, dijo el hombre que dejó su trabajo en la 40 y Portete para atenderse en el Hospital del Día Efrén Jurado, en el centro-sur.
La llegada continua de pacientes por recibir atención se mantiene desde la segunda quincena de este mes. El viernes 23, una cola de treinta pacientes, entre esos Miranda, aguardaba en ese sanatorio, en la av. Eloy Alfaro y Argentina.
Michael Toro, que se contagió el martes 20, permanecía en la fila junto con su esposa, Katherine Paredes, que el viernes amaneció con ojos rojizos. Al igual que ellos, vecinos de Portete y la 21, y su hija Emiliy, también le afectó. Vecinos se pasean con gafas al sufrir el mal.
En Venezuela y la 18, Patricia Álava y sus cuatro hijos Patricia, Elvia, Rosa y Guido y seis nietos también se contagiaron en seguidilla la semana pasada. Ella se cansó de esperar en el centro del IESS de la Bahía, mientras el resto se atendió en el centro de salud de Portete y la 21.
“Estuve todo el día esperando, no podía esperar más porque sufro estar parada, de ahí no volví más y me ayudo con agua de manzanilla y gotas que les recetaron a mis hijas”, dijo la mujer enferma de artrosis.
Los hijos mayores, Patricia y Guido, tuvieron tres días de permiso en sus trabajos en una reparadora de celulares. Entre todos habrán gastado alrededor de cinco frascos que cuestan $ 4 cada uno.
En el centro de salud del IESS, ubicado en la Martha de Roldós, la atención era constante, sumaban más de 280 turnos pasado el mediodía. Allí Rodrigo Tupul contó que su esposa, y dos hermanos, David y Ana, resultaron contagiados en su casa en Bastión Popular. (I)
Fuente: https://www.eluniverso.com/guayaquil/2018/02/25/nota/6638059/cadena-infecciones-conjuntivitis-afecta-familias
Jóvenes en Estados Unidos, rostro de combate por el control de armas
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Jóvenes en Estados Unidos, rostro de combate por el control de armas
Jóvenes movilizados, políticos acusados, un presidente ambiguo y una asociación en acción de defensa. Ese es el escenario que provocó la matanza en una secundaria de Parkland, Florida, la semana anterior.
Durante los últimos días, estudiantes de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, donde murieron 17 personas, se han movilizado y acudido a debates, medios e instituciones gubernamentales para pedir una solución a la violencia provocada por las armas.
En ese contexto nació la campaña #NeverAgain (Nunca más), que busca poner más presión en los legisladores y en el Gobierno para que tomen medidas efectivas.
Fue creada por Cameron Kasky, de 17 años, quien sobrevivió al atentado en Parkland y dos días después hizo el hashtag pidiendo a sus compañeros que lo volvieran tendencia.
Desde entonces ha salido en noticiarios y confrontado a senadores como el republicano Marco Rubio, al que pidió no recibir nunca más donaciones de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), defensora del derecho a comprar armas y un actor político relevante en el país.
Él junto con otros compañeros como Delaney Tarr (17 años), David Hogg (17) y Emma González (18) –los principales– han organizado marchas, caravanas, actos de protesta en edificios públicos y en varias ciudades. Se han vuelto la voz desafiante que quiere imponer un debate real sobre el control a la venta de armas.
Estos adolescentes nacieron en un mundo donde los tiroteos masivos son una amenaza real, crecieron haciendo simulacros para prepararse ante ellos y están hartos de la inacción ante esta epidemia, dicen expertos.
“Son lo suficientemente jóvenes para ser percibidos como víctimas inocentes, pero lo suficientemente mayores como para poder hablar por sí mismos”, resume Frank McAndrew, profesor de Psicología en la Universidad Knox en Illinois, quien agrega: “Están expresando shock, rabia, tristeza y todo un rango de emociones inocentes y crudas, libres de fines partidistas”.
Kei Kawashima-Ginsberg, de Circle, un centro que investiga la participación civil y política de los jóvenes, comentó a BBC Mundo que los jóvenes están usando muy bien el impulso para cambiar la discusión.
Aún es temprano para saber si este naciente movimiento podrá lograr que se impongan restricciones a la venta de armas –protegida por la NRA–, pero sí ha levantado una discusión no antes vista ni en Florida ni en el país.
“Lo hacemos para que los legisladores hagan un cambio, que nos tomen en serio”, dijo Tarr en el Parlamento de Florida esta semana.
Ahora los llamados “chicos de Parkland” organizan la Marcha por nuestras vidas el 24 de marzo en Washington, y ya suma donaciones de artistas como George Clooney, Oprah Winfrey y Steven Spielberg. Estos jóvenes pasaron en un mes de ser víctimas a activistas. (I)
Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/02/25/nota/6638152/jovenes-rostro-combate-control-armas
El 68% de tierras productivas no tiene un riego adecuado
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El 68% de tierras productivas no tiene un riego adecuado
El acceso a los medios de producción como el agua y la tierra son algunas de las demandas que plantean permanentemente los pequeños y medianos agricultores al gobierno de turno.
Una redistribución equitativa de estos recursos, en los que se incluye al capital (créditos), centra la expectativa en el agro, sector que más empleo genera en el país con 2,8 millones de personas, es decir, al 28% de la población económicamente activa –mayores de 15 años que tienen empleo o lo buscan–, según el ministro de Agricultura, Rubén Flores.
La respuesta del actual regímen es la denominada Gran Minga Nacional Agropecuaria, por la que han pasado dos ministros de Agricultura desde que se ejecuta. En octubre pasado salió Vanessa Cordero. El acceso a créditos, dotación de riego, insumos subsidiados, asistencia técnica, legalización de tierras, incentivo a la asociatividad, modernización de equipos, seguros y acceso a mercados son los nueve ejes del plan.
Una de las metas es la titularización y redistribución de unas 200 mil hectáreas (ha) hasta el 2021 para igual número de familias. Esto a más de los títulos de las tierras redistribuidas que se entregan a asociaciones con más de una familia, según el Ministerio de Agricultura.
La entidad ya entregó 22.459 títulos de propiedad entre el 24 de mayo último, cuando asumió el actual presidente Lenín Moreno, y el 31 de enero pasado.
El último censo agropecuario realizado hace 16 años identificó 842.889 Unidades Productivas Agropecuarias. Los dueños del 68,5% de estas tenían titulos. Es decir, el 31,5% (261.294) no estaban titularizadas. La legalización de tierras es clave, ya que sirve como garantía para créditos.
El problema yace también en los precios que reciben los agricultores por la cosecha. La política determina que ciertos productos agrícolas como el arroz y el maíz tienen costo de sustentación, valor mínimo para asegurar rentabilidad. Pero el ingreso de granos más barato por las fronteras afecta el mercado local. Con ello lidian los campesinos Tulio y Marco Briones, Gabriel Rodríguez, Édison Rojas, Blanca Toainga, de las provincias de Guayas, Los Ríos, Chimborazo, Tungurahua. Así como los de otras zonas.
El arrocero Tulio, de 60 años, asegura que el “precio oficial” de la saca de arroz es de $ 35,50, pero nunca recibe ese pago. Su hijo Marcos entregó el 2 de febrero su cosecha a los silos, en Daule (Guayas), de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA). Pasaron 21 días y no recibe el pago. “Allí sí nos dan en $ 35,50. Nos dijeron que en ocho días depositaban, pero nada. Los vendedores de los agrotóxicos me buscan en la casa por las deudas”, dice.
A ello se suman las dificultades geográficas. Ciertos arroceros realizan dos cosechas durante el año, pero esto depende del sitio donde esté la finca. Se requiere de un terreno más alto y estar cerca de un río o de un canal para conseguirlo.
Humberto Cholango, secretario nacional del Agua, asegura que en el país hay tres millones de hectáreas con potencial productivo, de las que el 50% cuenta con infraestructura hidráulica, pero una gran parte está en malas condiciones. “Son sistemas de riego construidos hace 60, 70 años. Hay unos que han avanzado en la tecnificación... 980.000 ha (32% del total) están bajo riego óptimo. El plan de riego tiene que incluir más áreas”, dice.
Muestra de la falta de riego es lo que ocurre en la comunidad El Placer del cantón Quero, en Tungurahua. “Aquí no tenemos regadío, la producción es buena cuando llueve por la voluntad de Dios”, indica Édison Rojas, quien siembra papas pero está desilusionado porque el precio del quintal bordea los $ 3 y $ 4. Con ese valor, dice, le alcanza solo para recuperar los $1.200 en abonos y fertilizantes.
Los agricultores del cantón Guano, en Chimborazo, viven situaciones similares. Blanca Toainga, de la parroquia Santa Fe de Galán, asegura que vende el atado de cebolla blanca en el mercado Mayorista de Riobamba a $0,30. “Antes llegó a los $ 0,10, con eso no se puede sacar ni el peón que cobra $ 11 al día”, señala.
El cacao también tiene dificultades. En el recinto Chongonal, en Jujan (Guayas), vive Gabriel Rodríguez, de 41 años, quien regresó de España en 2012 para sembrar la tierra que heredó. Está arrepentido por la dificultad para acceder a créditos. “La burocracia hace todo lento. Fui a BanEcuador en Babahoyo. No había gente y estuve casi dos horas para que me reciban la carpeta. En España ese mismo día me decían si se puede o no, pero no te cargaban tonteando”, expresa.
Él requiere capital para instalar un sistema de riego por aspersión. Solo realizar el pozo cuesta $ 5.000. No tiene ahorros porque el año pasado invirtió $ 3.000 en las tres hectáreas de cacao. “Hice las cuentas luego de que vendí el cacao a $ 70 el quintal y $ 1.800 me están haciendo falta”, señala. Su primo espera desde noviembre un crédito en BanEcuador. “Recién este mes fueron a inspeccionar su finca”, dice.
En nueve meses del gobierno de Moreno, BanEcuador (que reemplaza al otrora Banco Nacional de Fomento) colocó 167.555 operaciones de crédito por un total de $ 712,6 millones hasta el 16 de febrero último. (I)
Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/02/25/nota/6637873/68-tierras-productivas-no-tiene-riego-adecuado
¿Qué tan bueno puede ser el limón en nuestra salud?
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