Son cinco los megaproyectos con los que Ecuador entrará al mercado minero industrial. El anterior y el actual gobierno los consideran estratégicos.
Mirador y Fruta del Norte, en Zamora Chinchipe, y Río Blanco, en Azuay, están en fase de construcción de minas. En Loma Larga, también en Azuay, se terminó la exploración avanzada y está en etapa de evaluación financiera. En cambio, en San Carlos de Panantza (Morona Santiago) las actividades están suspendidas por varios conflictos sociales.
La inversión de todos ellos sumaría $ 6.808 millones y actualmente 4.911 personas trabajan directamente en la construcción de estas obras, según el Ministerio de Minería.
Sin embargo, estos proyectos no han estado alejados de la polémica. Organizaciones ambientales han realizado protestas y alertado sobre una posible contaminación de fuentes de agua que generaría la explotación minera a gran escala.
En el proyecto Río Blanco, ubicado entre las parroquias cuencanas de Molleturo y Chaucha, se estima producir anualmente 330 toneladas de minerales, principalmente de oro, según el Gobierno.
La construcción de la mina ha generado diversas protestas como la del pasado 8 de mayo, que dejó daños materiales en el campamento luego de un enfrentamiento entre comuneros, ambientalistas y policías.
La ministra encargada de Minería, Rebeca Illescas, indica que este tipo de hechos provoca incertidumbre en los inversionistas.
“No podemos tolerar ningún tipo de violencia, (...) no podemos permitir estos actos violentos y agresiones a la propiedad pública, privada y mucho peor agredir a trabajadores y comunidades”, señala.
Debido a este conflicto empresas como Ecuacorriente S.A. (ECSA), concesionaria china del proyecto Mirador, en la localidad de Tundayme, en la provincia de Zamora, han reforzado sus controles de seguridad dentro y fuera del campamento, según su gerente de servicios comunitarios, Jun Zhu.
El manejo e impacto ambiental de Mirador también ha recibido críticas. Ecologistas aseguran que la empresa china ha contaminado los ríos Tuntaim y Kiim. Luis Sánchez, vicepresidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), sostiene que los afluentes están llenos de sedimentos arrojados por ECSA de forma directa al momento de realizar movimientos de tierra al construir la mina.
“Desde el 2013 hemos venido denunciando la apertura de caminos, tala de bosque, trochas y la contaminación del agua. Ya no hay peces”, señala.
El pasado 7 de marzo, el Ministerio del Ambiente (MAE) ordenó la suspensión del 40 % de las obras de construcción dentro del proyecto.
Según Elizabeth Pauta, directora provincial de Ambiente de Zamora, la sanción se determinó con base en informes técnicos levantados en varias visitas a la obra. “Identificamos manejo inadecuado de combustibles, desechos sólidos orgánicos e inorgánicos y líquidos, aperturas de vías”, dice.
El estudio del MAE sostiene, además, que se realizó la construcción de escombreras, sin contar con los respectivos permisos ambientales, es decir, no se presentaron diseños técnicos ni contaban con medidas preventivas, correctivas y de mitigación para posibles impactos ambientales conforme lo estable la normativa.
Sin embargo, el vicepresidente de ECSA, Shen Qihong, afirma que las obras observadas por el MAE “son de servicio, es decir, sirven para la construcción de otras más grandes como los accesos (caminos) 12 y 46. Al principio teníamos un diseño preliminar y en este todavía no habíamos considerado las de servicio, por eso cuando entregamos nuestro estudio de impacto ambiental no las incluimos”, afirma.
El funcionario indica que algunas de estas construcciones no previstas están dentro de las zonas de relaveras (depósito de desechos) y que “a medida que se desalojan los relaves en el futuro estas desaparecerán”.
Además, sostiene que no arrojan sedimentos a los fluentes cercanos. “Durante la construcción debemos excavar material y estos no se desalojan en cualquier sitio, no está permitido, debemos ubicarlos en las escombreras. Respetamos las normas”, señala.
Aunque asegura que debido al alto nivel de pluviosidad (cantidad de lluvia) en la zona, parte de la tierra removida se esparciría antes de contenerla. Este problema se superaría una vez concluida la obra, insiste.
Qihong indica que de las 31 observaciones realizadas 17 ya fueron resueltas y de las otras 14 siguen dialogando con las autoridades. “Si la suspensión se mantiene podría afectar las fechas de terminación de obras, además de los (1.000) empleos que hemos dejado de generar a través de contratistas”, dice.
A los señalamientos por el incumplimiento del estudio de impacto ambiental se suman las quejas de comuneros de Tundayme, quienes reclaman más proyectos financiados con los $ 70 millones de regalías anticipadas dadas por ECSA al anterior gobierno.
El presidente del Gobierno Autónomo de Tundayme, Ángel Arévalo, sostiene que actualmente carecen de servicios básicos. “No hemos tenido beneficios ni desarrollo en proyectos de educación, salud, infraestructura, turismo con las regalías. Esos recursos se los llevaron a otros cantones de la provincia”, asegura.
Afirma que actualmente ha solicitado al Gobierno central un informe para saber en qué se gastaron los recursos: “Por decreto presidencial se decidió suprimir la empresa Ecuador Estratégico, que era la encargada de las obras de los proyectos mineros. Queremos que los $ 30 millones más que debe entregar ECSA se queden en Tundayme”, sostiene.
Illescas asegura que el Gobierno recibió $ 120 millones por regalías anticipadas y que solo en la provincia de Zamora se invirtieron $ 140 millones. “Hicimos un cálculo que por todos los proyectos estratégicos para los próximos cuatro años ingresarán recursos por $ 1.300 millones al Estado. Hoy ingresan unos $ 600 millones al año que mayormente responden al proyecto Mirador, Fruta del Norte y Río Blanco”.
El informe más reciente que analiza las implicaciones sociales y ambientales de tres de los cinco proyectos mineros estratégicos, denominado ‘Vulneración de derechos humanos y de la naturaleza en la Cordillera del Cóndor’, recomienda “anular las licencias, autorizaciones y permisos extendidos a los proyectos San Carlos Panantza, Mirador y Fruta del Norte”. El documento fue presentado en diciembre pasado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en conjunto con otras ONG como Acción Ecológica.
Incluso, el estudio demanda que se hagan “públicos y de acceso gratuito, a través del Ministerio del Ambiente, los estudios de impacto ambiental (EIA) presentados por las empresas Ecuacorriente, Explorcobres y Lundin Gold Corp”.
La idea es “someter los EIA de estas empresas y de sus antecesoras a análisis científicos rigurosos, independientes, con la participación de las poblaciones afectadas e interesadas”, entre otras recomendaciones.
Illescas, por su parte, dice que ya no hay vuelta atrás. Incluso dice que el año pasado se otorgaron más de 275 concesiones mineras para exploración. “La minería es una realidad, son compromisos ya firmados, inversiones que ya se están ejecutando”, recalca. Aunque no todos estos proyectos se concretarían: “Según estimaciones internacionales, por cada cien proyectos de exploración, uno termina en mina”.
Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/05/27/nota/6778844/1300-millones-dejaria-gran-mineria-2022
